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Análisis Comparativo Entre El Proceso Ante La Corte Penal Internacional Y Ante El Derecho Español - De la fase de instrucción a la fase de ejecución

of: Carlota García Zapata

GRIN Verlag , 2015

ISBN: 9783656954033 , 113 Pages

Format: PDF, ePUB, Read online

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Price: 31,99 EUR



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Análisis Comparativo Entre El Proceso Ante La Corte Penal Internacional Y Ante El Derecho Español - De la fase de instrucción a la fase de ejecución


 

CAPÍTULO II FASE DE INSTRUCCIÓN


 

La Corte Penal Internacional es un Tribunal internacional permanente que posee un carácter híbrido de ambos sistemas, del sistema de derecho civil y del derecho del common law, por tanto en cada fase se pueden encontrar rasgos distintivos de este carácter híbrido, como ocurre, por ejemplo, en la fase de instrucción. En esta fase se ponen de manifiesto algunas de las mayores diferencias objeto de este estudio, mediante los mecanismos de activación de ambos Tribunales, y el papel del Fiscal, que en la Corte es el órgano que ejerce el monopolio de la acción penal, con amplio margen de discrecionalidad, y es el encargado de investigar los hechos constitutivos de los delitos competencia de la Corte. El Ministerio Fiscal, en España, también podrá ejercer la acción penal junto con la acusación particular, pero será el Juez Instructor o en ocasiones el Juez y el Fiscal, que tienen un rol neutral, los órganos competentes de llevar a cabo la instrucción. Otra diferencia fundamental es que los ciudadanos no podrán interponer denuncia ante la Corte, ni ser parte en el proceso, así como en España tanto podrán presentar querella como personarse posteriormente como acusación particular. Analizaremos, tanto los actos de investigación que realiza el Fiscal y el Juez de Instrucción, como las medidas cautelares que prevén ambos sistemas y la necesidad de cooperación de los Estados para poder imponerlas.

 

1. MECANISMOS DE ACTIVACIÓN


 

En este apartado vamos a analizar las diferentes vías mediante las cuales tanto la jurisdicción de la Corte Penal Internacional puede ser activada, así como las distintas formas de iniciar el procedimiento en el Derecho Penal español, una diferencia fundamental es que los ciudadanos no podrán interponer denuncia ante la Corte, salvo que pongan en conocimiento del Fiscal una situación en la que se esté cometiendo alguno de los crímenes del art. 5 ER, y sea éste quien inicie una investigación, previa autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares. A diferencia del procedimiento penal español, en el que los particulares podrán iniciar la causa, incluso personarse en el proceso como acusación particular. Otra diferencia a tener en cuenta, también, es que la edad mínima para ser responsable ante la Corte Penal Internacional es de 18 años, en España en cambio, los menores de 14 a 18 años son responsables penalmente pero están sometidos a los Juzgados de Menores.

 

Analizando en primer lugar los mecanismos de activación previstos en la Corte Penal Internacional, el punto de partida es el art. 13 del Estatuto de Roma que dispone que la Corte podrá ejercer su competencia en el caso de que:

 

1. Un Estado Parte remita al Fiscal una situación, en cuanto a este supuesto, el art. 14 ER dispone que todo Estado Parte podrá remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte, aunque es importante señalar que no es necesario que el Estado tenga un interés directo en la causa, basta con que tenga conocimiento de que se esté cometiendo o se haya cometido un crimen competencia de la Corte, siempre en un momento posterior a la entrada en vigor del Estatuto de Roma[8] en dicho Estado, salvo que dicho Estado manifieste su consentimiento y permita a la Corte que entre a conocer de los crímenes perpetrados con anterioridad. Desde que el Estatuto de Roma fue aprobado en 2002 de las ocho situaciones que le han sido remitidas, cuatro, han sido llevadas a cabo por Estados Miembros: Uganda, República Democrática del Congo, República Centroafricana y República de Malí[9].

 

2. El Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, podrá remitir al Fiscal una situación en base al art. 13 ER, es decir, el Consejo de Seguridad podrá activar la competencia de la Corte si se produce una situación de amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión, ya que el art. 41 de la Carta de Naciones Unidas faculta al Consejo de Seguridad para decidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones. A través de esta vía, un asunto puede ser sometido a la Corte cuando el Estado implicado, por la comisión en su territorio de los hechos o por ser nacionales suyos los acusados, no haya ratificado el Estatuto o no haya consentido la competencia, como ha sido el caso de Darfur (Sudán)[10] y la República Árabe Libia[11]

 

3. El art. 15 ER dispone que el Fiscal podrá iniciar de oficio una investigación preliminar sobre la base de información recibida acerca de un crimen de competencia de la Corte, tras esto, si llega a la conclusión de que existe fundamento suficiente para iniciar una investigación, puede presentar a la Sala de Cuestiones Preliminares una petición de autorización, la cual examinará la petición y la documentación que la justifique y autorizará o no la investigación. El Fiscal tiene la facultad de iniciar una investigación tanto respecto de Estados Partes como de Estados no Partes, siempre y cuando, éstos últimos acepten de forma expresa la competencia de la Corte. Las investigaciones iniciadas por el Fiscal han sido Kenia y Costa de Marfil.

 

Ya que, en la Corte, el Fiscal se configura como órgano competente de la instrucción, se equiparará el Juez instructor del proceso penal español, que tal y como indica el art. 308 LECrim., podrá iniciar de oficio el sumario en el momento en el que tuviera conocimiento de la perpetración del delito. La obligatoriedad de interponer denuncia por un particular ante el Juez de instrucción, el Fiscal o la policía[12] en caso de tener conocimiento de la comisión de un hecho delictivo, se refleja en los arts. 259 a 269 LECrim. Por último, la querella se regula en los arts. 270 a 281 LECr., como la única vía para iniciar el procedimiento a instancia de parte, será interpuesta ante el órgano Judicial, tanto por los españoles como por los extranjeros (previo cumplimiento del art. 280 y art. 281 LECrim.) que hayan sido o no ofendidos por el delito, y que pretendan ejercer la acción popular del art. 101 LECrim, la cual deberá hacerse por escrito como también la remisión de una información al Fiscal[13] de la Corte Penal Internacional (Regla 45 Reglas de Procedimiento y Prueba y art. 277 LECrim.), la denuncia, por su parte, podrá ser presentada de forma oral o escrita (arts. 266 y 267 LECrim.).

 

Como ya se ha señalado anteriormente, una vez recibida la “notitia criminis” por el Fiscal de la Corte Penal Internacional, éste deberá comprobar la veracidad de la información, para ello puede solicitar la colaboración de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como de Estados Parte, y organismos de Naciones Unidas y podrá recibir testimonios orales y escritos (art. 15.2 ER). Esta amplia discreción del Fiscal es una de las características propias del common law, que es asumida por la Corte. Así, una vez verificada la información, el Fiscal decidirá si hay razón para investigar o no. Si la hubiere, solicitará a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización[14] para iniciar la investigación (art. 15.3 ER). Los hechos en los que se basa el Fiscal para decidir si existe “fundamento razonable”[15] se encuentran contemplados en el art. 53.1 ER y serían los siguientes:

 

a. El Fiscal tiene en su poder información que constituye fundamento razonable para creer que se ha cometido o se está cometiendo un crimen de la competencia de la Corte;

b. La causa es admisible de acuerdo con el artículo 17;

c. Existen razones para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia.

 

Por otro lado, los hechos del art. 53.2 ER por los que el Fiscal determinará la falta de fundamento para el enjuiciamiento de la causa son: la inexistencia de una base suficiente de hecho o de derecho para pedir una orden de detención o de comparecencia; la inadmisibilidad del asunto (art. 17 ER); o que el enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia[16]. En este caso el Fiscal de acuerdo al art. 15.6 ER, emitirá una notificación al Estado o Estados denunciantes, la cual indicará la posibilidad de presentar información adicional sobre la misma situación cuando haya hechos o pruebas nuevos (regla 49.2) y, sólo si su decisión se basa “en interés de la justicia” lo notificará, también a la Sala de Cuestiones Preliminares, explicando las razones de su decisión (regla 105.4). La Sala de Cuestiones Preliminares podrá, de oficio, revisar una decisión del Fiscal de no proceder a la investigación si dicha decisión se basare en que tal investigación no redundaría en interés de la justicia”. En ese caso, la decisión del Fiscal únicamente tendrá efecto si la Sala de Cuestiones Preliminares la confirma [art. 53.3b) ER], en consecuencia, si la Sala no confirmase la decisión del Fiscal, de acuerdo con la regla 110.2, éste deberá iniciar la investigación.

 

Así como en la Corte Penal Internacional el Fiscal es independiente[17] y es el órgano competente de la instrucción (previa...